Armindo Araújo ha sido reconocido como campeón de Portugal de Rallyes de 2025 después de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) portugués haya fallado a su favor tras el recurso presentado por el piloto de The Racing Factory.
La resolución modifica el desenlace oficial de un campeonato que Dani Sordo había terminado liderando en la clasificación general. El cántabro, acompañado por Cándido Carrera, sumó 161 puntos, por los 154pts de Kris Meeke y los 137pts de Araújo. Sin embargo, la normativa portuguesa establece una diferencia entre la clasificación general y la atribución del título nacional, que corresponde al piloto portugués mejor clasificado.
El TAD ha considerado válida esta norma y ha determinado que no vulnera ni la Constitución portuguesa ni el Derecho europeo. De esta forma, Araújo pasa a ser reconocido como campeón nacional pese a haber finalizado tercero en la clasificación absoluta. La decisión tiene además como precedente la polémica surgida en 2024 con Kris Meeke, después de que una resolución del propio TAD cuestionase la aplicación de esta norma.
En el nuevo procedimiento, el tribunal ha matizado que aquella decisión se refería a un caso concreto y que una declaración de inconstitucionalidad con efectos generales corresponde al Tribunal Constitucional portugués. Araújo suma así su octavo título nacional. Tras conocer la resolución, el piloto portugués defendió que los pilotos extranjeros son bienvenidos al campeonato, pero recordó que existe una diferencia entre ganar la clasificación y ser reconocido como campeón nacional.
El caso de 2025 supone, por tanto, un cambio en el reconocimiento oficial del campeonato varios meses después de su finalización. Sordo conserva la primera posición en la clasificación por puntos, pero el título nacional pasa a manos de Araújo por decisión del TAD. En cuanto a 2024, la situación todavía no está cerrada: continúa pendiente el procedimiento de anulación de la decisión que acabó otorgando aquel título a Kris Meeke, por lo que el conflicto sobre la interpretación de la normativa portuguesa aún mantiene un capítulo abierto.
